El Gobierno anunció el pasado viernes que en los próximos días lanzaría a consulta pública el proyecto de Real Decreto destinado a regular los puntos de recarga de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga. El anuncio fue llevado a cabo por Manuel García, el director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
García intervino en el acto de presentación del Avance del informe del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España (REE), en el destacó que la electrificación de la economía «es un pilar fundamental para la descarbonización», por lo que se la quiere dotar de un marco normativo «estable, pero también de apoyos financieros».
Del mismo modo, el director de Política Energética y Minas indicó que este proyecto de Real Decreto regulará la actividad de recarga de vehículos eléctricos y definirá «la figura de participantes» en la prestación del servicio de recarga, como el operador del punto de recarga o la empresa proveedora de servicios de movilidad eléctrica.
El Real Decreto también determinará los derechos y obligaciones ligados a estas figuras, entre los que destacan la remisión de información estática y dinámica sobre los puntos de recarga para facilitar el conocimiento e información por parte de los consumidores y usuarios.
Impuesto a los puntos de recarga
El pasado mes de enero escribíamos sobre un impuesto «oculto» a los puntos de carga en los Presupuestos Generales del Estado.
El texto legal atribuye a los ayuntamientos el cobro del impuesto a los puntos de carga (quizá esto explique por qué Barcelona ha empezado a cobrar por el uso de sus cargadores). Establece también una cuantía mínima de 13,56 euros por cada punto, lo que supone que aquellos municipios que así lo consideren pueden imponer una tasa más elevada. Será el propietario del punto de carga quien tendrá que hacer frente al pago.
Del mismo modo, el impuesto a los puntos de carga se aplica a todos los cargadores, sin importar su carácter público o privado o su localización.
Reacción del sector
Tras conocerse el anuncio sobre el impuesto a los puntos de carga, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) remitió una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando la eliminación del impuesto.
En la carta, el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía, señalaba:
“Este gravamen puede suponer una barrera para el despliegue de una red de recarga de vehículos eléctricos y por tanto, dificultar el objetivo que el Gobierno expresó a finales de 2020 de implementar 100.000 puntos de recarga en cuatro años, como parte de su estrategia para electrificar el parque móvil en España y lograr 5 millones de vehículos eléctricos en 2030”.
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