El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Un conjunto de medidas que ahora debe ser aprobado por el Congreso y pensadas para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático. Por eso sorprende que no haya nada que impulse el uso de vehículos no contaminantes
«La nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI», explican desde el Ministerio de Transporte.
La ministra Raquel Sánchez ha explicado que gracias a las medidas contempladas en esta Ley, se reducirán ineficiencias en el gasto en inversiones públicas en unos 8.000 millones de euros en una década.
La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La movilidad como derecho e impulso a la automatización
El anteproyecto de la Ley de Movilidad contempla cuatro pilares fundamentales. El primero habla de que la movilidad debe ser un derecho de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural.
El tercero se centra en la innovación y contempla la creación de un sandbox de movilidad, o lo que es lo mismo, «un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de manera controlada».
El cuarto pilar del Anteproyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso.
Movilidad limpia y saludable
Nos centramos en el segundo pilar.
Reconoce que el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, «por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales».
En este punto se hace alusión a la Ley de Cambio Climático que establece que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), esto es, áreas en las que se restringirá el paso de vehículos en función de sus emisiones contaminantes.
Como norma general, las ZBE prohiben la circulación de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta) y priorizan la de los cero emisiones (que tienen libertad total de paso y estacionamiento).
La nueva Ley de Movilidad Sostenible abre la puerta a que los ayuntamientos puedan imponer el pago de una tasa para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones. Cierto es que la norma deja en manos de los municipios la decisión de si imponer o no este peaje, la cuantía y los requisitos; pero no habla de premiar el uso de vehículos cero emisiones.
También sienta las bases para imponer un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad. «La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación», ha dicho la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez al respecto.
Sistema Nacional de Movilidad
Otra de las novedades del anteproyecto de Ley de Movilidad es que introduce el concepto de Sistema Nacional de Movilidad para garantizar la cooperación y colaboración de todas las administraciones en materia de transportes y movilidad.
También, obliga a las empresas con empresas con 500 o más empleados a elaborar planes de movilidad sostenible que, por ejemplo, faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el transporte diario al trabajo.
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