Un estudio de la asociación europea Transpor&Environment (T&E) revela que la llamada España vaciada sólo cuenta con el 15% de los cargadores instalados en todos el territorio nacional. 28 de cada 100 están en grandes ciudades, como Madrid y Barcelona
Según el estudio elaborado por Transport & Environment España y ECODES, el Gobierno debe seguir el ejemplo, entre otros, de Alemania o Países Bajos y elaborar un plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga con una ruta bien definida hasta el año 2030.
Las provincias de Madrid y Barcelona, cuyos territorios suponen el 3% del territorio nacional,
albergan actualmente el 28% de todos los cargadores desplegados. Esto significa, que a juicio de los expertos de la asociación europea el despliegue de puntos de recarga en las grandes ciudades está siendo correcto, pero se necesitan objetivos provinciales para el desarrollo de la infraestructura de recarga para que España construya una red suficiente en consonancia con el número de vehículos eléctricos matriculados en cada una de las provincias.
T&E y ECODES han investigado cuál es la situación actual de la red de infraestructura de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos. El resultado es un mapa que refleja la distribución de los cargadores, así como el cumplimiento del AFIR si este fuera aplicado a nivel provincial (y no nacional que es el único objetivo presente en el reglamento).
A través de estos análisis se concluye que la gran mayoría de los cargadores públicos se encuentran en las provincias que albergan las ciudades más grandes.
El estudio señala además la necesidad de tener en cuenta factores tales como los territorios de alta afluencia turística y segundas residencias, en donde la cantidad de vehículos se multiplica durante algunos meses. Todo ello sin olvidar el tipo de vivienda predominante en cada zona, dado que el acceso a la recarga doméstica variará según si se trata de chalets individuales o de bloques de viviendas con o sin plaza de garaje, o si el aparcamiento es en propiedad o en alquiler, lo que directamente repercutirá en la demanda de recarga pública.
“Dejar el despliegue plenamente en manos del mercado libre con las mismas reglas de hoy en día, supone que la inmensa mayoría de los puntos de recarga se instalarán únicamente en lugares donde puedan generar un beneficio económico desde el primer momento», ha dicho Cristian Quilez, responsable de transporte y movilidad de ECODES. «El Gobierno nacional y los gobiernos regionales, a través de la colaboración con el ecosistema económico y social, deben garantizar la cohesión social y vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura a través de un mallado similar al de los surtidores actuales para vehículos de combustión fósil», añade.
Por su parte, Oscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas en T&E explica: “España es diferente del resto de países europeos, por su topografía y su densidad de población y como tal necesita soluciones propias». Y matiza: «es necesario un plan que se ajuste a la realidad española; disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y en especial en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos.”
