contaminación

De momento solo es un anteproyecto pero de salir adelante, en Cataluña conducir un vehículo de combustión puede resultar hasta 1.000 euros más caro. La cifra la ha calculado Ganvam que considera que el impuesto al CO2 de Cataluña puede echar el freno a las matriculaciones en la comunidad autónoma.

El pasado 6 de septiembre, la Generalitat presentó un anteproyecto de Ley con el que pretende introducir un nuevo gravamen para los automóviles en función de sus emisiones contaminantes. Se conoce como Impuesto al CO2 y su intención es que cuanto más altas sean las emisiones de dióxido de carbono que lanza un coche, mayor sea la tasa a abonar cada año.

El problema es que la medida no ha sido bien recibida por los fabricantes, especialmente por los agrupados en la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).

A través de un comunicado, la patronal afirma que el nuevo impuesto de emisiones de CO2 de Cataluña incrementa un 100% la carga fiscal de los conductores durante los primeros años de vida del vehículo.

Entre 120 y 140 euros más al año

En las alegaciones presentadas el pasado 6 de septiembre al anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica elaborado por la Generalitat de Catalunya, la patronal de la distribución argumenta que este nuevo gravamen supone “aumentar más de 1.000 euros la carga fiscal que ya soportan los conductores durante aproximadamente los nueve años de tenencia del coche por un mismo concepto”.

Según datos de la Agencia Tributaria, se matricularon en Cataluña 198.699 vehículos en 2018, de los cuales el 32,4% liquidaron una cuota media de 923 euros por vehículo en concepto de Impuesto de Matriculación, al emitir entre 120 y 140 gr CO2/km.

Efectos de las emisiones en las ciudades Chinas
Efectos de las emisiones en las ciudades Chinas

Partiendo de esta base, Ganvam estima que con este nuevo impuesto autonómico al CO2, todavía pendiente de aprobación, el conductor deberá liquidar no solo ese importe al matricular, sino también, como mínimo, entre 120 y 140 euros más anuales, en función de sus emisiones, lo que supone una “doble imposición”.

Penaliza la actividad económica

“Con esta nueva fiscalidad, se penaliza además la actividad económica y se corre el riesgo de impulsar la deslocalización de empresas y la fuga de matriculaciones hacia otras comunidades, ya que no exime del pago a la totalidad de los vehículos ligados a actividades profesionales”, explica la patronal.

Ante este escenario, Ganvam aboga por la anulación del anteproyecto y por la puesta en marcha de una reforma fiscal que, coordinada con el Estado, permita gravar el uso y no la compra para no penalizar la entrada de nuevos vehículos en el parque, frenando su necesaria renovación.

De esta forma, apuestan por la reorientación del Impuesto de Circulación para que se base en las emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia. Al vincularlo al CO2 y a la normativa EURO, con independencia de la tecnología que lo propulse, se asociará a la antigüedad del coche y por tanto, se establece un sistema de discriminación por el potencial contaminante del vehículo, ya que la EURO regula también las emisiones de NOX, azufre, partículas e hidrocarburos.

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