- Casi 700 millones de euros tendrá que devolver el Ayuntamiento de Madrid si sale perdedor de esta batalla judicial
- Están en juego más de tres millones de multas impuestas, al parecer, de forma injusta
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Pocas cosas hay que nos sienten tan mal como recibir la notificación de una multa. Esa carta que suele llegar certificada, y cuyo recibí tenemos que firmar muy a nuestro pesar, nos suele amargar el día. La gran mayoría de las veces nos llega porque hemos cometido alguna infracción de tráfico más o menos grave y no nos queda otra que apechugar con nuestro error y pagar. Pero hay veces en las que esa multa no está sustanciada en una sólida base legal y entonces se comete un abuso de la administración sobre el ciudadano.
Eso parece ser que ha ocurrido con más de tres millones de multas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, la gran mayoría ya cobradas, y que han supuesto casi 700 millones de euros de recaudación para el consistorio. Multas referentes a las Zonas de Bajas Emisiones, y que la Justicia ha considerado cobradas sin la base legal necesaria.
Los argumentos que desarman al Ayuntamiento
La justicia madrileña, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha consolidado en sus sentencias, tras la denuncia de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA), tres fundamentos jurídicos que desautorizan claramente los argumentos del Ayuntamiento de Madrid:
El primero de ellos es la Inaplicabilidad del artículo 21. Todas las sentencias judiciales aclaran que, al declararse ilegales los anexos y disposiciones que definían el territorio y el calendario de restricciones de las ZBE de Madrid, el artículo 21 de la Ordenanza de Movilidad ha quedado «materialmente vacío de contenido».
El segundo es el ‘Efecto retroactivo favorable’, puesto que en el derecho sancionador, el ciudadano tiene derecho a la retroactividad de la norma más favorable mientras no exista una sentencia firme sobre su multa. y el tercero y último es la ‘Ausencia total de cobertura legal’. Al carecer de una delimitación territorial legalmente válida y de una señalización legítima, el Ayuntamiento carece de amparo normativo para sostener o tramitar sanción alguna por acceder a cualquier calle de la capital afectada por las ZBE, y no solo en las de los distritos de especial protección
Martínez-Almeida no se da por enterado
En septiembre de 2024 el TSJM anuló las multas de la ZBE en una sentencia que fue recurrida por Ayuntamiento. Esos recursos del consistorio han sido desestimados y la Justicia ha seguido dando la razón a la AEA. La última vez estos últimos días, por medio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que ha tomado la decisión de abrir una pieza separada para tramitar la ejecución forzosa de la citada sentencia de septiembre de 2024. El tribunal ha concedido un plazo improrrogable de 20 días al Ayuntamiento y al resto de las partes para presentar sus alegaciones.
La AEA ha solicitado a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidida por Martinez-Almeida, que dicte una resolución general para archivar y anular de oficio todas las sanciones pendientes relacionadas con Madrid ZBE y las ZBE de Distrito Centro y “Plaza Elíptica”, así como la paralización inmediata de cualquier procedimiento de apremio, recargo o embargo vinculado a las multas derivadas de la normativa anulada.
El Supremo tumba las ZBE de Madrid pero el Ayuntamiento se niega a devolver las multas
Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su equipo no se han dado por enterado hasta el momento y sostienen que la anulación únicamente afecta a las sanciones impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, es decir, Distrito Centro y Plaza Elíptica. Pero no al resto, en especial Madrid ZBE. Explican que las multas se pusieron en el marco de una normativa que, en el momento, era válida, y la sentencia no era firme.
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, se ha mostrado muy tajante ante la actitud del consistorio y ha declarado que «el Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de ‘administración tramposa’ ante los ciudadanos, al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho. Por ello, exigimos la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida».
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Más de tres décadas dedicado a informar, en papel, radio, TV e Internet. Soriano con alma de madrileño. Apasionado del motor y del deporte. No siempre la vida nos va sobre ruedas, aunque todos desearíamos que así fuera y si es con un motor eléctrico por medio, mejor.
