Según AEDIVE, el objetivo de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos (VE) en cuatro años en España es factible. Pero sólo si se resuelven las trabas administrativas que lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras. Además, en línea con otros países europeos, se debe intensificar la cuantía de incentivos para su desarrollo.
Comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras han participado en un grupo de trabajo con AEDIVE. El objetivo: analizar la posibilidad de cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno. Se han analizado las instalaciones existentes y las pendientes de permisos, así como los proyectos de futuro inmediato de despliegue de infraestructuras.
Trabas administrativas
Según la patronal de movilidad eléctrica, los operadores de carga en España se encuentran, principalmente, con dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura: por una parte, los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras; por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.
Con respecto a la primera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga a estaciones de servicio. En consecuencia, los requisitos para la implantación eran muy estrictos. Recientemente se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos, pero, aun así, el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones.
Por otro lado, el plazo de tiempo que tarda la Dirección General en responder es también desorbitado. Puede alargarse hasta un máximo de seis meses. Si en ese tiempo no hay respuesta, se entiende que el silencio es negativo, lo que implica volver a empezar. Eso está retrasando significativamente todas las instalaciones en carretera. En carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos el trámite es más sencillo.
Permisos y licencias
Las trabas administrativas también se complican en relación con ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Las normativas y/o criterios para autorizar la instalación de los puntos de carga complica el trámite y lo retrasa, en ocasiones. Los permisos de obras para puntos de recarga pueden obtenerse de forma ágil o lo contrario, con grandes variaciones entre municipios y comunidades. AEDIVE propone:
- Que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea; priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar. Además, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.
- La validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, del MITMA, de la Confederación Hidrográfica. Asimismo, otros instrumentos administrativos que dificultan este tipo de infraestructuras.
- Una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites. A veces, los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento.
- La declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW. Reducción de trámites administrativos que afectan a iniciativas de gran capacidad para generar innovación, empleo y sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental. Es un paso avanzado respecto a la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, en base al Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobado en Consejo de Ministros.
- Agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga. Actualmente implican tiempos de hasta 1 año.
- Duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, actualmente de 5 años, para hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.
Reducción de costes
- La Circular 3/2020 de la CNMC estableció un peaje específico opcional para puntos dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público. Establecía un menor peso del término fijo, pero sigue pendiente el desarrollo de los cargos. Por tanto, AEDIVE solicita la eliminación de los cargos de la tarifa eléctrica.
- Además, las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red por parte de operadores de recarga en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total. Eso puede llegar a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy. En consecuencia, AEDIVE propone: establecer medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado, similar a los de suelo urbanizado.
- Asimismo, AEDIVE propone: aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público; incremento en el presupuesto del plan MOVESdedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas; facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa; implantar un mercado o tasas de emisiones de la movilidad, al igual que existen en otros países europeos, por el que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad.
