El Partido Porpular ha presentado una petición para que el Gobierno destine una parte de los fondos europeos a la creación de una línea de ayudas que subvencione el retrofit, es decir, la conversión de coches de combustión en eléctricos
El retrofit es el procedimiento por el que un vehículo de combustión, ya sea diésel o gasolina, se convierte en eléctrico.
Aunque muchos usuarios piensen lo contrario, transformar un coche con etiqueta C o B en uno con etiqueta Cero Emisiones es mucho más barato que comprar un coche eléctrico. El precio final depende de varios factores pero es posible electrificar un coche de combustión por unos 15.000 euros.
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Ayudas para el retrofit
Según informa la agencia EuropaPress, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que pide destinar parte de los fondos europeos a financiar la electrificación de vehículos de combustión.
Los populares solicitan que la medida se incluya en el decreto ley 29/2021 en el que se recogen medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
El objetivo es que se ponga en marcha, dentro del PERTE correspondiente, una línea específica de financiación que permita la “simplificación y el abaratamiento de los procesos de conversión”.
Plazo de seis meses
Además de las ayudas, para que el proceso de conversión de un modelo de combustión en un coche eléctrico sea más sencillo, el PP ve necesario diseñar un sistema “más eficiente” de certificación y homologación que proteja a los diferentes actores implicados en el proceso.
La clave será la implementación de un mecanismo que permita, sin renunciar a los parámetros de seguridad exigibles, reducir barreras burocráticas y costes de tramitación. Al mismo tiempo, la norma debe reforzar las garantías de los consumidores y usuarios, de los fabricantes de vehículos, así como de quienes dediquen a la transformación de estos.
Para que la idea de financiar el retrofit no quede en promesa incumplida, la petición del Grupo Popular incluye la exigencia de que la línea de ayudas sea aprobada y hecha efectiva en un plazo máximo de seis meses.
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