Barcelona prepara una regulación que va a afectar (y mucho) a las empresas de movilidad eléctrica compartida. Preocupados porque esto pueda poner en peligro a los vehículos eléctricos compartidos, desde AEDIVE han remitido un comunicado al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Barcelona pretende imponer tasas y licencias con numerus clausus a las empresas de movilidad eléctrica compartida que operan en la ciudad condal. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) considera que esto puede suponer un grave peligro para el sector que verá mermada su rentabilidad.
Es por eso que AEDIVE ha trasladado a la alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, y a Janet Sanz, cuarta Teniente de Alcalde y Directora del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, un escrito en el que alerta a la corporación municipal de que la tramitación de la regulación de la Ordenanza Fiscal 3.10, relativa a las tasas por la utilización privativa del dominio público municipal, podría suponer que los servicios de vehículo eléctrico compartido existentes en esa ciudad dejaran de prestar servicio ante la imposibilidad de hacerlos sostenibles.
Desde AEDIVE piden a los responsables del Ayuntamiento que reflexionen sobre los excelentes resultados que los servicios de sharing están consiguiendo en la ciudad.
En el escrito invitan también a los responsables del consistorio a tomar como ejemplo Madrid, que se ha convertido en referente mundial de la movilidad eléctrica sin que ello haya supuesto al ayuntamiento inversión alguna. «La ordenanza que establece desde hace años que en Madrid se pueda aparcar de forma ilimitada y gratuita a los vehículos eléctricos en las zonas de estacionamiento regulado han permitido que la inversión privada haga el resto», explica la asociación en un comunicado.
Que cunda el ejemplo de otras ciudades
Además de Madrid, AEDIVE pide a Barcelona que tome como ejemplo ciudades como Lisboa, Hamburgo o Dublín, donde se facilita igualmente el estacionamiento a los usuarios de estos vehículos, pues se entiende que no solo reducen la congestión del tráfico en un modelo de economía colaborativa, sino que además mejoran la calidad del aire al realizarse con vehículos eléctricos y ofrece más opciones a los ciudadanos para realizar sus desplazamientos.
“Estos servicios de movilidad eléctrica compartida están siendo soportados por empresas que están realizando grandes inversiones económicas y creando puestos de trabajo a nivel local, lo que redunda en un beneficio importante para las ciudades donde se implementan, ya que sin tener que realizar ninguna inversión, disponen de más opciones de intermodalidad para la movilidad de sus ciudadanos, mejorando la calidad del aire y el tráfico”, ha señalado Arturo Pérez de Lucia, Director General de AEDIVE.
Posibles ilegalidades
Diversas empresas afectadas han señalado en sus alegaciones que la aprobación de la modificación de la Ordenanza podría infringir la libertad de establecimiento y vulnerar los principios de equivalencia, proporcionalidad y no discriminación en el establecimiento de la tasa y su cuantificación.
También que el Decreto de Alcaldía para el otorgamiento de licencias y su limitación podría infringir la Directiva de servicios y libertad de establecimiento y vulnerar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
