Plan de Ayudas a la compra de vehículos eléctricos en los Presupuestos Generales del Estado

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) ha aprobado hoy la primera convocatoria del Programa Moves Singulares II que, con 100 millones de euros de presupuesto, financiará proyectos innovadores que promuevan el salto al vehículo eléctrico y de pila de combustible.

El plazo para presentar solicitudes se mantendrá abierto durante dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que previsiblemente se producirá a mediados del próximo mes de septiembre.

Las bases del Plan Moves Singulares 2021

Las bases reguladoras del plan de impulso a proyectos innovadores relacionados con la movilidad eléctrica ya han sido publicado en el BOE:

  • Las ayudas podrán ser compatibles con otras ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones públicas u organismos o entes públicos nacionales e internacionales siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada y no cuenten con cofinanciación de los Fondos Europeos
  • Los beneficiarios podrán ser empresas (de cualquier tamaño y que no estén en crisis), universidades y centros privados de investigación y desarrollo, consorcios y agrupaciones empresariales o el sector público institucional
  • La ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, que podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las concedidas a medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si van destinadas a pequeñas empresas
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Al igual que en la primera edición, el Moves Singulares II se dirige a la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos singulares relativos a desarrollos experimentales e innovadores relacionados con el vehículo eléctrico y de pila de combustible en todo el territorio nacional.

Los 100 millones de presupuesto van con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno y los adjudicatarios deberán respetar el principio de “No Causar Daño Significativo al Medio Ambiente” establecido por la Comisión Europea.

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