- Se revisarán las etiquetas ambientales de la DGT para priorizar las emisiones reales y limitar el acceso de vehículos contaminantes a las zonas urbanas.
- Se obligará de instalar puntos de recarga eléctrica rápida en las principales estaciones de servicio y planes de incentivos para vehículos eléctricos.
- Las empresas de más de 200 empleados deberán implantar planes de movilidad sostenible y reducirán los desplazamientos en coche privado.
La Ley de Movilidad Sostenible de 2025, aprobada de manera in extremis en el Congreso, representa la mayor transformación normativa de la movilidad en España en décadas. Además de ser una condición para recibir parte de los fondos europeos, la norma plantea un cambio profundo en el modo de gestionar los desplazamientos, el acceso a las ciudades y la composición del parque automovilístico nacional, situando la electrificación, la gestión inteligente de la movilidad y la lucha contra el cambio climático como ejes centrales.
La normativa responde al compromiso de España con la descarbonización del transporte para 2050, fijando objetivos intermedios vinculantes para 2030 y 2040. El gobierno desarrollará planes de renovación del parque automovilístico y se prioriza el uso de energías renovables y combustibles alternativos.
La ley crea un sistema nacional para coordinar políticas entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, fortaleciendo la gobernanza y los datos abiertos para la planificación y la gestión eficiente.
Cambios clave de la Ley de Movilidad Sostenible
Dentro de los innumerables cambios que forman parte de esta nueva Ley, que por cierto, se aprobó gracias a la abstención de Podemos y al acuerdo de última hora sobre las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat, consiguiendo 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, propone una serie de cambios importantísimos para el sector del transporte por carretera, centrándose en este caso en los automóviles en estos puntos que te detallamos:
- Etiquetas de la DGT y acceso urbano: Uno de los puntos críticos de la legislación es la obligatoria revisión del sistema de etiquetas ambientales de la DGT. Hasta ahora, las etiquetas CERO, ECO, C o B se asignaban con criterios tecnológicos y de edad del vehículo, lo que permitía “coladeros” de coches con pocas prestaciones ecológicas, como algunos híbridos enchufables grandes y SUV. La ley exige que el nuevo sistema incorpore las emisiones reales de CO₂, lo que podría dejar fuera de las Zonas de Bajas Emisiones a modelos tradicionalmente favorecidos por la legislación anterior. Este ajuste supondrá que miles de vehículos (incluidos muchos híbridos enchufables actuales y modelos premium) podrían ver restringido su acceso a centros urbanos. Solo los eléctricos puros y los de hidrógeno, junto a híbridos enchufables con autonomía eléctrica homologada superior a 90 km (WLTP), conservarán la etiqueta CERO de la DGT. El resto de híbridos enchufables perderán esa distinción y pasarán a ECO, perdiendo beneficios asociados.
- Impulso a la electrificación: La ley da un espaldarazo a la electrificación del parque automovilístico. Las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de combustible deberán instalar grupos de recarga eléctrica de al menos 400 kW, incluyendo un punto de recarga ultrarrápida de mínimo 150 kW en corriente continua antes de 2025. A partir de 2027, estas mismas gasolineras tendrán que ampliar a grupos de recarga de al menos 600 kW, para garantizar el suministro y adaptarse a la demanda creciente de vehículos eléctricos. El gobierno se compromete a publicar mapas y señalizaciones específicas en toda la red de carreteras para informar sobre la localización de estas infraestructuras. Además, en un plazo de tres meses tras la promulgación, se lanzará un plan de incentivos para la adquisición de vehículos de cero o bajas emisiones, que irá acompañado de un programa de retiro voluntario para modelos antiguos y contaminantes.
Otras modificaciones reseñables
Junto a los cambios anteriores, hay otros que también son igual de importantes:
- Obligaciones para empresas y movilidad laboral: Las compañías con más de 200 trabajadores deberán adoptar un plan de movilidad al trabajo en los próximos dos años. Estos planes deberán priorizar el transporte público, la movilidad activa (andar, bicicleta), el teletrabajo, horarios flexibles y el coche compartido, así como facilitar el uso de vehículos eléctricos por parte de empleados y clientes. A corto plazo, esta medida reducirá el tráfico de coches privados en horas punta, descongestionando las ciudades y mejorando la calidad del aire. Impactará especialmente a las grandes urbes y polígonos industriales, donde los desplazamientos laborales son uno de los mayores focos de emisiones contaminantes.
- Zonas de Bajas Emisiones y nuevas tasas: La ley introduce la obligatoriedad de instaurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades grandes y permite a los municipios imponer tasas a los vehículos más contaminantes que circulen por estas áreas. Esto, junto con la reforma de las etiquetas ambientales, hará que el coste de circular con vehículos convencionales y contaminantes aumente progresivamente, desincentivando su uso en favor de alternativas más sostenibles.
Retos y críticas
Se prevé una transformación profunda tanto de la oferta como de la demanda de automóviles en España. Los fabricantes deberán acelerar su apuesta por vehículos eléctricos y mejorar la eficiencia real de sus modelos híbridos y de combustión. Se estima que en el plazo de cinco a diez años, el parque móvil español será más limpio y moderno, con una creciente presencia de vehículos eléctricos y una reducción de los modelos más contaminantes.
Las patronales, parte del sector de la automoción y algunas asociaciones de pymes han criticado la rapidez del calendario de adaptación y el incremento en las obligaciones para las empresas. Faconauto, sin entrar a valorar el contenido de la Ley, considera que esta decisión marca un punto de inflexión en la política de movilidad y sostenibilidad de nuestro país, al reconocer la renovación del parque como una herramienta estructural para reducir emisiones, reforzar la seguridad vial y dinamizar la industria nacional.
De hecho, la organización se pone a disposición del Gobierno para trabajar conjuntamente en el desarrollo del plan, garantizando una implementación homogénea, ágil y orientada al ciudadano. Por su parte, los grupos ecologistas consideran que la ley sienta una base necesaria, pero reclaman mayor ambición y control en los objetivos y plazos para la neutralidad climática.
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No era la idea inicial pero las cuatro ruedas se cruzaron en mi camino periodístico y desde entonces no he parado de disfrutar al volante. Enamorado del sonido de algunos motores, hoy por hoy vivo con sorpresa y emoción el camino electrificado que está tomando el sector.
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