madrid central

Los ecologistas han conseguido apoyo judicial para poner de nuevo en marcha Madrid Central. Un juez ha ordenado suspender de forma cautelar la moratoria aplicada el pasado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida

El Juzgado número 24 de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha aceptado el recurso presentado el pasado viernes por Ecologistas en Acción y Greepeace y ha ordenado suspender de forma cautelar la moratorio de Madrid Central.

Fue el 1 de julio cuando entró en vigor la paralización de Madrid Central ordenada por el alcalde Madrid José Luis Martínez-Almeida. El recién formado gobierno anunció que desde el primer día de julio las señales y cámaras de Madrid Central seguirían funcionado, pero que se permitiría la entrada de todos los vehículos, sin excepción, y sin que ninguno fuera multado (ni siquiera los que no tienen catalogación medioambiental de la DGT).

La Plataforma por la Defensa de Madrid Central (en la que participan Greenpeace y otras 80 entidades) interpuso un recurso en el que reclamaban la suspensión de esta medida que, a su juicio, “priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central”.

El recurso se basa en “la lesión de de los intereses generales urbanísticos y territoriales que se produciría de ejecutarse de forma inmediata el citado acuerdo, alegando como motivos la importancia de la calidad del aire y la situación de la ciudad de Madrid”.

Los conductores no tenemos claro, a día de hoy, que va a pasar con Madrid Central.
Los conductores no tenemos claro, a día de hoy, que va a pasar con Madrid Central.

El auto dictado por el juzgado detalla que procede a suspender “la eficacia del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno del pasado 27 de junio”, en concreto, en el punto tercero en el que se establece “un período de aviso en relación al acceso de bajas emisiones de Madrid Central, mientras el sistema automatizado de control de acceso y de detención de infracciones de esta zona se somete a auditoria”.

Jesús Torres Martínez, titular del juzgado, ha dado un plazo de tres días hábiles al Ayuntamiento para presentar sus alegaciones por escrito, plazo tras el cual el juez dictará otro auto para levantar, mantener o modificar la medida.

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