- El cargador eléctrico en una plaza de garaje puede instalarse sin autorización de la comunidad, previa comunicación y siempre que respete los requisitos técnicos y legales.
- El propietario asume el coste del cargador, el cableado, las obras, el mantenimiento y la electricidad que consuma la instalación.
- Cómo instalar un cargador de coche eléctrico en tu garaje sin tener conflictos con los vecinos
El hecho de instalar un punto de recarga en un garaje comunitario sigue generando muchas dudas entre los propietarios de vehículos eléctricos. El principal problema tiene que ver con la necesidad de contar o no con el visto bueno del resto de vecinos antes de comenzar los trabajos de instalación.
Para salir de dudas, la respuesta está recogida en la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 17.5 establece un régimen específico para estos equipos y el Tribunal Supremo ha ratificado recientemente este criterio al resolver un conflicto relacionado con un punto de recarga instalado en una comunidad de propietarios.
Cargador eléctrico: basta con comunicar la instalación
Un propietario o usuario de una plaza de garaje puede colocar un punto de recarga para su vehículo eléctrico sin someter la decisión a una votación de la comunidad. La condición es que la actuación se ajuste a las exigencias técnicas y legales correspondientes.
El procedimiento requiere comunicar previamente la instalación a la comunidad. Esa comunicación no equivale a solicitar autorización: los vecinos no tienen que aprobar individualmente que otro propietario coloque un cargador eléctrico vinculado a su plaza.
Las obligaciones a tener en cuenta incluyen los trabajos necesarios para llevar la electricidad desde el contador hasta el punto de recarga. Cuando el recorrido atraviesa elementos comunes, la instalación debe ejecutarse correctamente y sin provocar daños, molestias innecesarias o problemas relacionados con la seguridad del edificio.
Quién paga el cargador eléctrico y las obras
La factura corresponde a quien solicita la instalación para su plaza. Esto incluye el propio cargador, además de todos los elementos necesarios para conectarlo con el suministro eléctrico.
El propietario debe asumir también el cableado desde el contador hasta el equipo. Si para realizar ese recorrido son necesarias determinadas obras en el garaje, su coste también queda a cargo de quien instala el punto de recarga.
A esos gastos se añaden los posteriores. El mantenimiento de la instalación corresponde igualmente al usuario que la ha promovido, al igual que el consumo de electricidad generado por la recarga del vehículo.
Qué puede hacer la comunidad ante una instalación
La comunidad no puede bloquear por sistema el paso del cable por las zonas comunes cuando estas resultan necesarias para conectar el suministro con la plaza. Eso no significa que cualquier instalación sea válida con independencia de cómo se ejecute.
Si el montaje incumple las normas eléctricas o de seguridad, provoca daños en instalaciones comunes o afecta de manera grave a elementos estructurales, pueden ser necesarios cambios en la propuesta o la actuación podría no resultar viable en los términos planteados.
También conviene tener en cuenta los seguros del edificio. Ante un incendio, habría que determinar si el origen estuvo en el vehículo eléctrico, el cargador o la instalación eléctrica para analizar después las responsabilidades y la cobertura de las pólizas.
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Una preinstalación puede evitar nuevas obras
La alternativa planteada por los Colegios de administradores de fincas pasa por preparar una infraestructura común antes de que cada propietario solicite su cargador eléctrico. El objetivo es evitar que el garaje tenga que sufrir nuevas obras cada vez que aparece una instalación.
Una preinstalación permitiría disponer de una infraestructura preparada para futuras conexiones de cargadores coches eléctricos. Su aprobación requiere tres quintos de los propietarios, ya que se considera una mejora o incorporación de infraestructura comunitaria y no basta con una mayoría simple.
El reparto de los gastos depende del sistema aprobado. Cuando se trata de una infraestructura colectiva destinada a los propietarios interesados, los costes suelen distribuirse entre quienes participan. Si se configura como una infraestructura común para todo el edificio, puede afectar al conjunto de propietarios según el acuerdo adoptado y lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal.
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Soy una periodista madrileña con más de 25 años de experiencia. Cursé los estudios de periodismo en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo CEU. A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado en medios como Motor 16, Km77, Car & Driver o Quad & Jet, y he colaborado con departamentos de prensa como el de BMW.
