En enero de 2023, entrará en vigor la Ley de Cambio Climático. Obliga a la creación de Zonas de Bajas Emisiones en ciudades con más de 50.000 habitantes. Es decir, 149 municipios y más de 25 millones de españoles (el 53% de la población de nuestro país). Sin embargo, 3 de cada cuatro coches de estos municipios no tienen ningún tipo de electrificación. Estos coches podrían ver comprometida la circulación por grandes ciudades.
A falta de la normativa de cada municipio, no está claro lo que va a pasar con la circulación por las grandes ciudades. Actualmente, según los datos recogidos en un informe de MSI para Sumauto: los híbridos en sus distintas modalidades suponen el 18,4% de los vehículos de estos municipios; los eléctricos, el 3,9%; y los automóviles de GLP/GNC, el 2%.
El renting, una posible solución
Tras el informe, y según Sumauto, una de las soluciones para que los ciudadanos puedan seguir desplazándose diariamente en coche está en el renting. Ayudaría a acelerar la electrificación del parque y a reducir su envejecimiento (13,5 años de edad media) y, por tanto, también los niveles de emisiones.
A día de hoy, más de 600.000 vehículos procedentes del renting circulan por las carreteras españolas. Son éstos los que ayudan a aportar vehículos ‘ECO’ al parque (el 15,5% del total).
Al mismo tiempo, esta modalidad de alquiler a largo plazo en pleno auge también es líder en la clasificación de media de emisiones: 119,8 g/km de CO2. Es decir, menos de la media, que está en 138,2.
Según la AER, una de cada cuatro matriculaciones que se producen en nuestro país procede del renting. Y, según el informe de MSI, será: “la vía de acceso a la movilidad que más crezca en 2022, con un incremento del 17% respecto a 2021”.
La normativa sobre circulación por grandes ciudades
Hemos hablado muchas veces de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). DE hecho, cuando se aprobó el proyecto de Ley para su creación ya indicábamos lo que decía el texto legal:
“Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público”.
Y, además:
“También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados”.
La decisión final sobre la aplicación de la ley será propia de cada ayuntamiento. Sin embargo, el texto legal señala que se deberán aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos por su nivel de emisiones.
Además, la legislación abre la puerta a medidas también aplicables a los municipios de entre 20.000 a 50.000 habitantes. Estas medidas podrán restringir la circulación cuando se excedan los valores límite de los contaminantes regulados. Eso supondría que el alcance de las medidas podría superar las cifras citadas previamente.
