- La concesión de supercréditos a todos los coches y furgonetas eléctricos de batería fabricados en la UE compensaría el incremento de los costes de localización
- La ACEA exige energía más barata, permisos más rápidos y apoyo a la inversión en la producción de baterías en la UE
- ‘Europa first’: la nueva política europea podría variar las condiciones para subvencionar los vehículos eléctricos
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) se ha pronunciado acerca de la Ley de Aceleración Industrial (IAA) impulsada por la Unión Europea, a la que considera positiva, a la vez que le pone algunos peros. Según la asociación, esta ley debe ofrecer «un enfoque más práctico y flexible» y ser completada por una «sólida estrategia industrial que impulse la competitividad de Europa».
La ley de producción, conocida como ‘Made in Europe’, tiene por objeto aumentar la creación de valor en la Unión Europea, reforzando su base industrial en el contexto de una competencia mundial cada vez más desleal y una creciente dependencia de proveedores externos a la UE en sectores estratégicos. También establece el objetivo de aumentar la proporción de la industria manufacturera en el PIB de la UE hasta el 20% de aquí a 2035, reduciendo la dependencia externa en sectores estratégicos mediante ayudas a la tecnología limpia.
Energía más barata y permisos más rápidos
La ACEA recalca que «comparte el objetivo de fortalecer la base industrial de la UE y reducir la dependencia de terceros países en tecnologías estratégicas», a la vez que reconoce «la necesidad urgente de construir una cadena de valor europea integrada para las baterías como base para la soberanía tecnológica», y asevera que los fabricantes ya «están realizando importantes inversiones en la producción de baterías en Europa».
Pero para los fabricantes europeos de automóviles, la IAA solo podrá alcanzar sus objetivos si «se combina con una sólida estrategia industrial que impulse la competitividad de Europa». Y aquí es donde afecta de manera muy importante a las baterías, ya que «la propuesta se basa en supuestos optimistas sobre el futuro suministro nacional de componentes para baterías. Sin energía más barata, permisos más rápidos y apoyo a la inversión, la producción de baterías en la UE no crecerá lo suficientemente rápido» como para cumplir con los ambiciosos supuestos de contenido local que contempla la propuesta.
Los fabricantes consideran necesarios supercréditos para los coches eléctricos
Desde la ACEA se Insta a los colegisladores a que revisen la propuesta actual, teniendo en cuenta varias consideraciones importantes. Por ejemplo, se considera que falta por conocerse la metodología para definir el acero y el aluminio con bajo contenido de carbono, así como la interpretación jurídica de si el ensamblaje de vehículos dentro de la Unión se refiere a la UE27 en todos los casos.
Estos detalles deben debatirse y acordarse antes de la adopción de la IAA, ya que tanto los colegisladores como la industria no pueden evaluar la viabilidad de cumplir con los umbrales propuestos, sin esas aclaraciones.
Por otro lado, es evidente que la implementación de la IAA elevará los costes de fabricación de vehículos y, por lo tanto, provocará un aumento de los precios. Desde la ACEA se hace especial hincapié en que «se debería ofrecer incentivos suficientes para compensar los costes de localización, como, por ejemplo, la concesión de supercréditos a todos los coches y furgonetas eléctricos de batería fabricados en la UE. Deberían estar disponibles planes de apoyo financiero directo para entidades públicas, como los municipios, para compensar los costes adicionales asociados a la adquisición de camiones y autobuses fabricados en la UE».
Evitar a toda costa que se convierta en una Ley Administrativa Industrial
Los fabricantes y las grandes empresas europeas saben muy bien cómo se las gastan desde Bruselas. Están hartos del exceso de burocracia y del exceso normativo y por eso, antes de que se implemente la IAA, los fabricantes europeos de automóviles avisan a los rectores de la Unión Europa. «Existe el riesgo de convertir la Ley de Aceleración Industrial en una ley administrativa industrial».
La creación de nuevos procesos para informar sobre el origen de miles de componentes procedentes de una multitud de proveedores de todo el mundo «supondrá una carga considerable. El cumplimiento debe ser fácilmente auditable y la información debe ser lo más concisa posible». El temor a que la ley les obligue a destinar muchos recursos simplemente a cumplimentar formularios informativos y de trazabilidad es evidente, pues mermaría considerablemente la competitividad que se pretende fomentar.
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