El Plan Moves Flotas 2023, dotado con 50 millones de euros con los que el Gobierno trata de impulsar la electrificación de los coches de empresa, «fracasa».
Según ha publicado La Tribuna de Automoción, de ese presupuesto solo se ha admitido expedientes que suponen un 7,7% del presupuesto.
La realidad es que, como informan las citadas fuentes, sólo diez empresas han logrado hacerse con las ayudas, que en total sumarían 3,83 millones de euros, de acuerdo con los datos recogidos en la propuesta de resolución provisional que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la semana pasada.
Quejas por los requisitos del Plan Moves Flotas: casi el 99% de los transportistas no puede pedir las ayudas
Gestionado por esta entidad, el plazo para solicitar las ayudas de esta segunda convocatoria se abrió lunes 9 de enero y acabó el pasado 8 de marzo.
La revisión
Las concedidas, además, lo son de manera provisional. Por otra parte, las empresas que han presentado su solicitud y les ha sido denegada han tenido un plazo de 10 días hábiles desde el 11 de julio para presentar alegaciones.
Quizás los datos podrían cambiar una vez revisados estos expedientes. Pero hay que tener en cuenta los antecedentes. Y es que la cuestión es que en la primera convocatoria de este Plan solo se repartieron también un 32,3% de los fondos.
Guía para conseguir las ayudas del Plan Moves Flotas II, las dirigidas a empresas públicas y privadas
El Plan pretendía dar un nuevo impulso a las iniciativas dirigidas a electrificar flotas de vehículos ligeros que operan en más de una comunidad autónoma.
Se podrían beneficiar tanto empresas privadas como empresas del sector público institucional. Además de ayudar a la adquisición de vehículos eléctricos, contempla la instalación de puntos de recarga y sistemas de gestión para la propia flota.
El análisis
Qué ha fallado para que sea así está por dilucidar.
Según explica La Tribuna de Automoción todo se podría deber a que las ayudas van dirigidas a proyectos de electrificación de flotas pero con el requisito de que operen en más de una comunidad autónoma.
Los 3,83 millones concedidos provisionalmente corresponden a 10 expedientes y se han desestimado 21, con un importe total de 13.578.271,96 euros.
Las causas son diversas, siempre según las mismas fuentes: renuncia de los beneficiarios, no haber aportado alguna documentación o no cumplir con los requisitos estipulados en las bases reguladoras.
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