El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado una modificación parcial de la orden de 1997 de accesos a las carreteras del Estado para facilitar la instalación puntos de carga para coches eléctricos. El objetivo es amplia la presencia de estaciones de carga junto a las vías, especialmente en restaurantes, cafeterías u hoteles.
El Ministerio de Transportes ha hecho pública su decisión de modificar parcialmente la orden del Ministerio de Fomento con fecha 16 de diciembre de 1997. La pretensión es regular la instalación junto a las carreteras estatales de puntos de recarga eléctrica, a fin de promover el despliegue por operadores privados de una red de recarga de vehículos eléctricos.
Tal y como han adelantado fuentes oficiales, con este cambio el Gobierno pretende recoger las peculiaridades de las instalaciones de recarga eléctrica. Entre estas características especiales destaca el hecho que tienen un tiempo de recarga superior al del repostaje en una estación de servicio, lo que hace que el tráfico de vehículos en un punto de recarga eléctrico sea menor que en uno de suministro de carburante.
Además, los lugares en los que se pongan los puntos de recarga deben disponer de plazas de aparcamiento específicas para estacionar el vehículo durante el tiempo que dura la carga, de ahí que su instalación vaya asociada generalmente a instalaciones de servicios ya existentes junto a la carretera, como restaurantes, cafeterías u hoteles.
El cambio es para puntos de carga autónomos
Según el Ministerio, en el caso de que la instalación de recarga se plantee como complementaria de una principal no se exigirá la adecuación de los accesos a la normativa posterior, como establece ahora, con carácter general, la disposición adicional primera de la orden de accesos.
El Ministerio considera que en estos casos la instalación de recarga eléctrica es un servicio adicional o complementario a los usuarios de la instalación principal ya existente y apenas genera tráfico añadido, por lo que no tiene generalmente afección negativa en el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras.
Por el contrario, cuando la instalación se plantea de forma autónoma, la nueva autorización sí que debe respetar la legislación y normativa en vigor.
Fuente: EFE
