Por Ley, a partir del 1 de enero de 2023, todos los edificios no residenciales privados con más de 20 plazas de parking tendrán que tener, al menos, un cargador por cada 40 plazas. Los centros comerciales advierten de que no podrán cumplir la norma en, al menos, dos años

El próximo 1 de enero de 2023 es la fecha definida para la entrada en vigor de la obligación de instalar unas dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de más de 20 plazas.

Prácticamente la totalidad de centros comerciales en nuestro país tiene más de 20 plazas de aparcamiento asociadas, por lo que, en base a la Ley, en las próximas semanas deberán ofrecer un número de cargadores para vehículos eléctricos proporcional al de plazas de parking.

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Más de 16.000 puntos de recarga

En España, según datos de la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (APRESCO) hay más de 860.000 plazas de aparcamiento en todo el territorio nacional integradas en centros comerciales.

La aplicación de la medida aprobada por el Gobierno supone que los centros comerciales deben contar con más de 16.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023.

“Teniendo en cuenta que el número total de cargadores públicos en funcionamiento en España al cierre de 2022 es de 16.500, la norma implica que nuestro sector debe instalar en un solo año un número equivalente de puntos a todos los existentes en el país en la actualidad”, afirman fuentes de la asociación.

Recarga de un coche eléctrico

El presidente de APRESCO, Ángel Del Monte, ha comparecido ante el Congreso para solicitar una moratoria y advertir de que “el plazo establecido por el Gobierno, 1 de enero de 2023, resulta técnica y materialmente imposible de cumplir”.

“Nuestras empresas están plenamente comprometidas con la sostenibilidad de sus espacios comerciales y por ello, una gran parte de ellas ya contaban antes de la publicación de esta norma, con ambiciosos planes para incrementar las capacidades de recarga eléctrica de nuestros centros durante los próximos años”, ha dicho Del Monte.

Y aunque asegura que “con la publicación de este Real Decreto, todas las empresas han adaptado y acelerado sus planes de inversión en este punto para intentar cumplir con las obligaciones definidas dentro de los plazos establecidos”, la inmensa mayoría no llegará a tiempo.

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Lentitud administrativa

Según el análisis realizado por APRESCO existen importantes “cuellos de botellas técnicos y administrativos” que provocan que los plazos actuales para la instalación de los puntos de recarga exigidos sean de al menos 15 meses “en el mejor de los escenarios” y se eleven por encima de los 30 meses en muchos casos.

Por todo ello, los espacios comerciales solicitan una moratoria de dos años (hasta el 1 de enero de 2025) para que se haga cien por cien efectiva la norma que les obliga a tener, al menos, un punto de recarga por cada 40 plazas de parking.

En la misma intervención, la asociación ha solicitado la agilización de todos los procedimientos administrativos y la simplificación de los trámites necesarios para la instalación de puntos de recarga que actualmente suponen uno de los principales motivos de la ralentización del proceso.

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