En el recientemente celebrado Congreso de FACONAUTO, la patronal que integra a los concesionarios de marcas de automoción, hemos asistido a un clamor, con numerosas intervenciones de los principales actores del sector, demandando a las autoridades del Gobierno pasar de las palabras a los hechos en materia de descarbonización.
Y es que los datos hablan por sí mismos de manera contundente. Por un lado, el 92% de las emisiones de CO2 en España las producen los vehículos de más de 10 años, que constituyen la mayor parte de un parque anticuado y pobremente equipado en términos de seguridad a bordo. Por otro, el mercado español, aunque mejora cualitativamente (las energías alternativas ya suponen más del 40% del total, superando a la gasolina), está aún muy lejos de reeditar un nivel “normal” de 1.200.000 vehículos/año y, a finales de febrero de 2022, se sitúa a un 50% del volumen de 2019.
En este contexto, nos encontramos con dos actuaciones flagrantes por parte de las administraciones públicas.
En primer lugar, el desarrollo de la infraestructura de recarga, que, según Gerardo Jiménez, presidente de FACONAUTO, se sitúa a sólo un 3% de lo que debería, y esto en un momento en que el mix de venta de los vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables), supera ya el 10% en España.
Nuevo cálculo de emisiones de dióxido de carbono
En segundo lugar, la repercusión que ha tenido sobre el impuesto de matriculación el nuevo cálculo de las emisiones de dióxido de carbono por parte de la normativa europea WLTP. Este nuevo cálculo, que persigue ofrecer al consumidor cifras de emisiones más acordes con los datos de conducción real, no significa en ningún caso un aumento efectivo de las emisiones, por lo que carece de sentido repercutir un castigo fiscal.
Los países de nuestro entorno directo (Francia, Portugal), así lo han entendido, y recalcularon de forma automática sus tranchas, con el objetivo de que el cambio de cálculo fuera fiscalmente transparente para el cliente.
No sucedió así en nuestro país, donde inicialmente (enero 2021), hicieron oídos sordos a los constantes requerimientos tanto del ANFAC, como del resto de agentes sociales, incluidas las enmiendas presentadas por diversos partidos políticos de distinto signo en el Parlamento.
Tras varios meses de presiones por parte del conjunto de la ciudadanía y sus representantes, el Gobierno acabó creando una exención, eso sí, limitada en el tiempo al 31 de diciembre de 2021, cuando debería haber recalculado los tramos de emisiones del impuesto de matriculación de manera permanente.
Sobrecostes fiscales
A día de hoy, bien entrado 2022, los españoles que adquieren un vehículo deben abonar, artificialmente, un sobrecoste fiscal cercano al 5%, que oscila entre los 1.000 euros de un modelo del segmento B, hasta los 1.700 de un SUV del segmento C, la tipología más vendida en nuestro país, o hasta 3.500 euros en un modelo “premium”. Existen fabricantes con más del 70% de su gama afectada…
Las marcas están reaccionando, hablando con claridad al cliente a través de su publicidad. De hecho Fiat o Renault, por ejemplo, están comunicando abiertamente “ahórrate la subida de impuestos…”. Es decir, que los españolitos de a pie asistimos conscientemente a este “atraco” por parte de la Administración, en medio de constantes anuncios y declaraciones de intenciones por parte de nuestras autoridades sobre las bondades de la descarbonización.
Por favor, un poco de coherencia y seriedad…
Por Carlos Izquierdo. Economista, MBA y profesor universitario.
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