- Los españoles consideran de forma mayoritaria que hay que endurecer la normativa del uso de patinetes eléctricos
- Valencia encabeza el uso del patinete eléctrico, con un 24% de sus ciudadanos, seguida de Sevilla, con un 22%
- Cambia la normativa de los patinetes eléctricos a partir de octubre: casco obligatorio y multas a los padres si los usan menores de 15 años
En los tiempos que nos ha tocado vivir no es fácil poner de acuerdo a tantos españoles. De una sociedad como la nuestra, acostumbrada últimamente a la polarización, se esperaría que el debate sobre la convivencia vial y la ordenación de los núcleos urbanos supusiera otro motivo de conflicto para enfrentarse los unos con los otros, simplemente por llevar la contraria. Pero no, en esta ocasión tenemos que decir, con cierto asombro, que ha alcanzado un consenso social cuando menos sorprendente en España.
Una abrumadora mayoría de los ciudadanos, concretamente el 92%, se muestra a favor de establecer un marco regulatorio mucho más firme y claro para los patinetes eléctricos y el resto de Vehículos de Movilidad Personal, tal y como revelan los datos recogidos en la última edición del Foro de Movilidad presentados por Alphabet, que constatan que la libre circulación de estos dispositivos genera una creciente inquietud en términos de seguridad vial y ordenamiento público.
Un elemento disruptivo en las grandes ciudades
La irrupción de la micromovilidad eléctrica transformó las dinámicas de las grandes ciudades de forma casi inmediata, ofreciendo una alternativa limpia, ágil y económica al vehículo de combustión tradicional. Sin embargo, la velocidad con la que se adoptaron estas tecnologías superó los plazos legislativos locales, propiciando un escenario de vacío normativo que ha derivado en tensiones entre peatones, ciclistas, conductores y usuarios de patinetes.
Los resultados del informe reflejan que la sociedad ya no percibe la regulación como un freno al progreso sostenible, sino como una herramienta indispensable para garantizar la integridad física de todos los actores viales. Y es que la palabra progreso, prostituida hasta la saciedad, es utilizada en multitud de ocasiones para sostener incongruencias y hacer ver que todo vale en pro de su causa.
Pero progresar con la ley de la selva como base, es involucionar y, sin un marco legislativo adecuado, puede suponer un peligro añadido.
Distintas preferencias
Pero claro, no todo iba a ser consenso en algo tan novedoso y sensible. Al analizar las preferencias de los encuestados, el estudio muestra un panorama perfectamente dividido sobre el grado de intervención pública que se debe aplicar.
Los hay, concretamente el 46% de los españoles, que se decantan por una vía regulatoria de control técnico y operativo. Esta corriente defiende la necesidad de limitar de forma estricta la velocidad máxima permitida, delimitar con precisión técnica los itinerarios obligatorios y establecer zonas de paso autorizadas, evitando así el descontrol actual pero salvaguardando la viabilidad del transporte.
Por otro lado, otro idéntico 46% aboga por soluciones de exclusión directa, solicitando formalmente restringir el acceso de estos vehículos a determinados espacios urbanos críticos, como calles peatonales de alta densidad comercial o aceras estrechas de cascos históricos. Aquí es donde se rompe el anterior consenso y se nota la habitual tendencia de los españoles.
Tan solo un residual 8% de la población considera que la situación actual no requiere de ninguna medida correctora específica.
La micromovilidad se va consolidando
En lo que respecta a la adopción cultural de estas alternativas, las cifras demuestran que la micromovilidad ha dejado de ser una tendencia minoritaria para convertirse en un pilar estructural del transporte diario. El 26% de la población nacional utiliza de forma habitual alguna solución de movilidad alternativa en sus desplazamientos habituales.
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Dentro de esta categoría, y por eso la nueva normativa se centra mucho en él, los patinetes eléctricos se consolidan como los reyes indiscutibles de las calles al ser la opción preferida por el 15% de los ciudadanos, superando de forma holgada a los sistemas de bicicleta pública compartida o a los ciclomotores eléctricos de uso compartido. Valencia encabeza el uso del patinete eléctrico, con un 24% de sus ciudadanos, seguida de Sevilla, con un 22%.
¿Municipios adaptados?
La percepción sobre la madurez de las infraestructuras locales también deja lecturas interesantes. El 51% de los españoles considera que sus municipios ya cuentan con una preparación adecuada para asimilar la coexistencia segura de coches, bicicletas y patinetes en la calzada.
Esta percepción varía notablemente según el tramo de edad analizado, disparándose hasta el 72% cuando se consulta a la población joven de entre 18 y 30 años. Este grupo demográfico muestra una mayor resiliencia ante el cambio de modelo vial y valora positivamente los carriles segregados habilitados en los últimos tiempos.
Este firme respaldo ciudadano hacia un entorno más normativo coincide en el tiempo con la ofensiva regulatoria iniciada por la Dirección General de Tráfico y las administraciones locales. La implantación de una normativa con obligación de posesión del certificado de circulación de los patinetes eléctricos, las restricciones de edad mínima fijadas a nivel autonómico, la obligatoriedad generalizada del uso del casco y la inminente exigencia de un seguro de responsabilidad civil para particulares marcan la hoja de ruta del transporte urbano.
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Más de tres décadas dedicado a informar, en papel, radio, TV e Internet. Soriano con alma de madrileño. Apasionado del motor y del deporte. No siempre la vida nos va sobre ruedas, aunque todos desearíamos que así fuera y si es con un motor eléctrico por medio, mejor.
