Es bien sabido que la movilidad eléctrica es una de las herramientas fundamentales en la descarbonizacón de la economía y en la transición hacia un modelo energético limpio que limite los efectos negativos del cambio climático. Su desarrollo es imparable y los fabricantes están apostando por la adaptación progresiva de sus líneas de producción. El esfuerzo es considerable pero consecuente con las necesidades que vienen marcadas por la UE.
El Grupo PSA anunció en el pasado Foro VEM que el 100% de su gama tendría una versión electrificada en 2025 (unos 40 modelos), y que todas sus fábricas españolas producirán modelos eléctricos con sus plataformas modulares multi-energía. Esto supone que en la misma cadena de montaje puedan alternarse modelos de diversas tecnologías según la petición del cliente.
El Grupo PSA anunció en el pasado Foro VEM que el 100% de su gama tendría una versión electrificada en 2025
Al igual que PSA, el resto de fabricantes están optando por soluciones similares para la transición en la producción de vehículos eléctricos, y es realmente admirable el grado de implicación de todos.
Sin embargo llama la atención que este impulso de los fabricantes no se corresponda con sus representantes. Asociaciones como Anfac siguen en pie de guerra contra la descarbonización y acusan a las administraciones de incumplir el derecho de la Unión Europea. Nos referimos a la reciente denuncia de esta asociación contra el Gobierno Balear que ha anunciando que los automóviles diésel no podrán venderse en las islas a partir de 2025, y el resto de vehículos de combustión a partir de 2035 (incluidos gas e híbridos).
Asociaciones como Anfac siguen en pie de guerra contra la descarbonización y acusan a las administraciones de incumplir el derecho de la Unión Europea.
Según datos que maneja el Govern, el 35% de las emisiones de CO2 de las islas proceden del transporte y la eliminación de los coches de combustión supondría una reducción de emisiones de un 90% en los núcleos urbanos.
la Ley de Cambio Climático que el Govern lleva más de un año preparando, prevé cumplir los objetivos de los Acuerdos de París para alcanzar las cero emisiones en 2050. Para esto, el Govern prohibirá la venta (que no la circulación como denuncia Anfac) de vehículos diésel en 2025, y la de gasolina a partir de 2030. La Ley de Cambio Climático de Baleares propone que todos los vehículos que circulen por las islas en 2050 sean eléctricos.
El Govern prohibirá la venta (que no la circulación como denuncia Anfac) de vehículos diésel en 2025, y la de gasolina a partir de 2030.
Que se prohiba la venta no significa que se prohiba la circulación. Así, la Ley solo habla en este caso de venta de coches nuevos. Se entiende que los coches vendidos en 2025 dispondrán de una vida útil de 25 años, más del doble del tiempo que recomienda la propia Anfac para el cambio de vehículo.
Llama la atención y mucho, que los fabricantes vayan a favor de corriente pero sus representantes, en este caso Anfac lo hagan en el sentido contrario. Es tan importante el desarrollo de la movilidad eléctrica en Europa y más concretamente en España porque el sector del automóvil aporta el 10% del PIB nacional. Es tan importante la inversión en nueva tecnología porque en China se están desarrollando plataformas que traerán vehículos eléctricos a Europa con precios mucho más competitivos que los que tenemos actualmente.
Es tan importante no poner palos en las ruedas de la movilidad eléctrica porque su contribución al freno del cambio climático es fundamental.
Denuncias de este tipo podrían generar tensiones entre los fabricantes y la administración, crear incertidumbre entre los usuarios con respecto al coche eléctrico y criminalizarle.
