Los vehículos compartidos adquieren la consideración de transporte público para ATUC. La Asociación lo ha recogido e incorporado a sus estatutos. Su objetivo es unificar todas las formas de movilidad urbana sostenible.
La Asociación de transporte público excluye, de momento, al patinete eléctrico, hasta que se aclare su regulación a nivel nacional. Eso a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid haya autorizado 8.610 patinetes, de los 108.094 solicitados por 25 empresas.
ATUC considera imprescindible coordinar los sistemas de movilidad colectiva para mejorar la convivencia entre ellos y fomentar la intermodalidad. La asociación trata de consolidar el sistema de transporte público como solución al problema de contaminación de las grandes ciudades. Asimismo, busca garantizar los desplazamientos de todos los ciudadanos.
Esta apertura de la asociación a nuevas formas de movilidad urbana llega en el momento adecuado. Casi 150 ciudades, según el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, acometerán restricciones de tráfico, desincentivando el coche privado.
Plan Nacional de Movilidad
En ese nuevo marco de movilidad deben integrarse y regularse todas las fórmulas que puedan considerarse transporte público. Todas las que cubren una necesidad básica, al permitir a millones de ciudadanos realizar sus desplazamientos diarios.
En concreto, actualmente unos 4,5 millones de usuarios utilizan cada día en España el transporte público. Esta cifra podría superar los 7,5 millones mejorando el sistema. ATUC y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) lo dejaron claro en el informe “Descifrando al No Viajero”.
Este espíritu integrador debería tener su reflejo en un Plan Nacional de Movilidad. Un plan encaminado a sentar las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas. Se trataría de elevar a cuestión de Estado el problema de la contaminación y la congestión de tráfico. Así, se ofrecería la misma dimensión a los problemas que a su solución, el transporte público.
Esto exigiría una implicación directa y coordinada de los tres niveles de la administración (local, autonómico y nacional). También de los cuatro ministerios involucrados, es decir, Fomento (transporte), Hacienda (financiación e inversiones), Transición Ecológica (cambio climático) y Sanidad (la contaminación como una de las primeras causas de mortalidad). Todo ello teniendo en cuenta que la gestión de la movilidad y del transporte público es competencia de los ayuntamientos.
La Ley de Financiación del transporte público
En este sentido, el borrador de la Ley de Financiación del transporte público recoge como propuesta la creación de un Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible. La representación recaería en cinco vocales de la Administración General del Estado, tres representantes elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y dos vocales en representación, respectivamente, de los consorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero:
“Las nuevas generaciones ya no piensan tanto en tener un coche en propiedad como en moverse de la mejor manera posible. Y ello implica alternar y conjugar unas fórmulas y otras. Los autobuses, metros, trenes de cercanías, vehículos de carsharing, bicicletas compartidas… ofrecen un servicio público, de transporte, que son complementarios entre sí y que bien coordinados pueden responder a las exigencias de movilidad urbana e interurbana que tienen los ciudadanos”.
