A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha aprobado un presupuesto de 525 millones de euros para impulsar la instalación de cargadores. El objetivo es que para 2023 haya, al menos, 100.000 cargadores en la vía pública

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto en el que se simplifica la regulación para el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Este impulso, tanto de medidas como económico, será decisivo para que el Gobierno pueda cumplir con su compromiso de conseguir que haya 100.000 puntos de recarga antes de 2023.

Para alcanzar el objetivo de digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, el Gobierno ha aprobado un presupuesto de 525 millones de euros.

El dinero se extrae del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se repartirá entre las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023.

Objetivo: 100.000 cargadores en 2023

Entre las medidas recogidas en la nueva normativa se incluye acelerar las obligaciones de instalación de puntos de recarga tanto en aquellas instalaciones que no son edificios residenciales de uso privado, pero que cuentan con un numeroso volumen de plazas de aparcamiento, como en las estaciones de servicio. El Real Decreto obliga a instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas.

Además, se habilita a los ayuntamientos para adoptar bonificaciones fiscales en este campo y se facilitará la instalación de puntos de recarga en la red de carreteras del Estado, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad vial y acceso al mantenimiento de estas.

Se incluyen aquí bonificaciones de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); de hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales de actividad económica y de hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Madrid está renovando sus puntos de carga lenta por los de recarga rápida. Estarán todos sustituidos antes de acabar el año.

Para agilizar la implantación de una red de recarga solvente, la instalación de estos cargadores queda eximida de la obtención previa de licencia de obra, de funcionamiento o de actividad, entre otras.

Se facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, de cara a la instalación masiva en las estaciones de servicio

También se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos.

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