- Las compañías de más de 500 empleados (o 250 por turno) tienen la obligación de diseñar planes de movilidad sostenible para sus empleados.
- Las medida más deseada por los trabajadores para mejorar su movilidad al trabajo es el incentivo al uso de transporte público (43,6%)
- La Ley de Movilidad Sostenible sale adelante sin cambios en las etiquetas de la DGT, y abre paso al nuevo Plan Renove Nacional
Como suele ser habitual en este Gobierno, cada vez que pone sobre la mesa un Real Decreto de ayudas sociales que exigen varias formaciones políticas y, por tanto, considera que va a ser apoyado por mayoría, introduce algunas normativas nuevas o cambios sustanciales en normativas ya existentes, que posiblemente generan desacuerdo entre diferentes partidos políticos, y que si se estudiaran por separado posiblemente no fueran aprobadas. El objetivo es valerse del apoyo a la iniciativa principal, para sacar provecho y conseguir el apoyo a esas otras iniciativas que de otra forma posiblemente serían rechazadas.
Eso ha ocurrido una vez más recientemente. La semana pasada se aprobó el Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y dentro de ese plan de ayudas necesarias para aliviar de alguna manera los efectos del aumento de precio especialmente de los carburantes y todo lo que ello conlleva, el Gobierno coló varias iniciativas. Entre ellas ha introducido un cambio fundamental en el panorama de la movilidad corporativa en España, al reducir de 24 a 12 meses el periodo para que las compañías de más de 500 empleados (o 250 por turno) diseñen planes de movilidad sostenible para sus empleados.
Las empresas no están preparadas
Según el Foro de Movilidad de Alphabet, el 64% de las empresas españolas no cumplen en la actualidad con esta regulación, por lo que esta aceleración regulatoria repentina plantea un desafío considerable para las empresas en su proceso de adaptación obligándolas a un cambio de planificación que, en muchos casos, estresará todavía más su situación.
Y es que este endurecimiento de la normativa llega en un momento donde la mayoría de las empresas aún no están preparadas. Según datos del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa de Grupo BMW, el 64% empresas españolas no cuenta con un plan vigente de movilidad sostenible al trabajo, mientras que solo un 11,9% sí lo tiene implementado.
¿Cómo argumenta el Gobierno esta urgencia?
Según se puede leer en el texto del Real Decreto-Ley 7/2026, «la situación de inestabilidad internacional derivada de los conflictos en Oriente Medio y, en concreto, en un país tan estratégico como Irán, generan importantes repercusiones económicas que afectan directamente a todos los mercados, incluidos los laborales. El previsible aumento del coste energético para las empresas, sobre todo en lo relacionado con los transportes, va a suponer un incremento en los costes de la movilidad a los que deben hacer frente las personas trabajadoras. Por ello, se adelanta en doce meses el plazo de entrada en vigor del deber de negociar y elaborar, por parte de las empresas y de las entidades pertenecientes al sector público, planes de movilidad sostenible al trabajo».
Estos planes deben incluir «medidas que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, compartida o colaborativa, o medidas transversales como el teletrabajo, y permitirán minimizar los impactos en materia de energía tanto para las empresas como para las personas trabajadoras».
Cuando existan planes de movilidad sostenible en la entidad local en cuyo ámbito territorial se ubique el centro de trabajo, estos se tendrán en cuenta para la elaboración de los planes de movilidad sostenible de la empresa o entidad de derecho público. Y desde el Ejectutivo se amenaza con sanciones, ya que «en el caso de las empresas que estén obligadas a contar con un plan de movilidad sostenible y sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en este real decreto-ley, el incumplimiento de dicha obligación conllevará el reintegro de las ayudas recibidas«.
La reducción del plazo a doce meses convierte la elaboración e implementación de un plan de movilidad sostenible en una prioridad ineludible para las empresas. “Estamos ante una oportunidad para que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que integren la movilidad sostenible como un pilar fundamental de su estrategia ESG y de eficiencia operativa” explica Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet.
Los empleados quieren incentivos al uso del transporte público
La necesidad de estos planes no se limita al cumplimiento normativo, sino que también atiende a las expectativas de los propios empleados. Entre las medidas más deseadas por los trabajadores para mejorar su movilidad al trabajo, destaca el incentivo al uso de transporte público (43,6%), la oferta de plazas de aparcamiento (31,1%) y la disponibilidad de autobuses lanzadera y rutas de empresa (32,2%).
Para afrontar esta redefinición estratégica, las empresas van a necesitar un asesoramiento especializado y herramientas eficaces, con el fin de diseñar y gestionar con éxito sus planes de movilidad y optimizar sus flotas.
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Más de tres décadas dedicado a informar, en papel, radio, TV e Internet. Soriano con alma de madrileño. Apasionado del motor y del deporte. No siempre la vida nos va sobre ruedas, aunque todos desearíamos que así fuera y si es con un motor eléctrico por medio, mejor.
