«Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos: Hay más estaciones de recarga, pero su implantación desigual complica los desplazamientos por la UE». Es el nuevo Informe Especial 5/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo. Analiza los logros de la UE en el desarrollo de la infraestructura y concluye, entre otras cosas: que estamos muy lejos del objetivo de 1 millón de VE en 2025; y que la UE carece de una hoja de ruta estratégica general para la electromovilidad.
El propio Pacto Verde Europeo, de diciembre de 2019, establecía ciertos objetivos con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los valores, para 2050, deben ser un 90% inferiores a los de 1990 para llegar a ser una economía climáticamente neutra.
El transporte, principalmente el transporte por carretera (72 %), representa aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Para reducir esas emisiones del transporte por carretera es esencial la transición a combustibles alternativos y con menor emisión de carbono. Entre los que “la nueva fuente más común es la electricidad, en particular para los turismos”.
En esa línea, factores clave en la transición a un parque limpio son las infraestructuras y que un VE pueda cargarse en poco tiempo. Será la única manera de conseguir que los vehículos eléctricos puedan circular por toda la Unión Europea sin dificultad. Por tanto, la UE se enfrenta a un problema con varias vertientes:
“Por una parte, el uso de los vehículos estará limitado hasta que se disponga de la infraestructura de recarga; y, por otra, las inversiones en infraestructuras requieren mayor certeza sobre los niveles de utilización de los vehículos”.
Legislación común para toda la UE
El informe señala que esta cuestión es transnacional, pero que los Estados miembros no disponen de los instrumentos necesarios para lograr una coordinación paneuropea.
Por ello, recomiendan a la Comisión normas comunes para:
“Garantizar la interoperabilidad, coordinar y apoyar la implantación por los Estados miembros de la infraestructura de recarga eléctrica y supervisar los avances”.
El informe será un apoyo para las próximas revisiones de la legislación de la Unión Europea. Está disponible en este enlace.
Además, a través del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), se presta apoyo financiero destinado a la infraestructura de recarga eléctrica. De ahí que el análisis también entre en la eficacia de esas inversiones, realizadas entre 2014 y 2020.
Conclusiones principales del Tribunal de Cuentas
El propio informe del Tribunal de Cuentas indica:
“El objetivo de nuestra fiscalización era determinar la eficacia del apoyo de la Comisión a la implantación de una infraestructura de acceso público en toda la UE para la recarga de vehículos eléctricos».
Con respecto a las conclusiones, las más importante suenan un poco a reprimenda:
- “Hallamos que, a pesar de logros tales como promover una norma común de la UE para la recarga y mejorar el acceso a las diferentes redes de carga, siguen existiendo obstáculos para desplazarse por la UE en vehículos eléctricos.
- La disponibilidad de estaciones de recarga varía entre los diferentes países, los sistemas de pago no están armonizados con unos requisitos mínimos y no hay suficiente información para los usuarios.
- Al no disponer de un análisis exhaustivo del déficit de infraestructuras, la Comisión no ha podido garantizar que la financiación de la UE se destine allí donde es más necesaria.
- La UE sigue muy lejos de alcanzar su objetivo del Pacto Verde (1 millón de puntos de recarga para 2025), y carece de una hoja de ruta estratégica general para la electromovilidad”.
Matriculaciones 2020 e infraestructura
El informe señala también que la pandemia ha hecho descender las matriculaciones en Europa. Sin embargo, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables han tenido un buen incremento. En contrapartida, las redes de recarga no se han desarrollado al mismo ritmo.
Según Ladislav Balko, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe:
“La electromovilidad requiere una infraestructura de recarga suficiente, pero, para construir esta infraestructura, es necesaria una mayor certeza sobre los niveles de aceptación de estos vehículos”.
Añade, de forma contundente:
“El año pasado, uno de cada diez turismos vendidos en la UE era eléctrico, pero en la UE existe un acceso desigual a las infraestructuras de recarga. Consideramos que la Comisión debería hacer más para extender la cobertura de la red a toda la UE, y además garantizar que la financiación de la UE se destine allí donde es más necesaria”.
Errores de la UE según el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha sido claro con respecto a los errores:
- La UE apoya la implantación de las infraestructuras de recarga eléctrica por los Estados miembros mediante instrumentos políticos, coordinación y financiación.
- Según los auditores, no se realizó un análisis exhaustivo del déficit de infraestructuras para determinar cuántas estaciones de recarga serían necesarias, dónde deberían ubicarse o qué tipo de energía deberían suministrar.
- La financiación proporcionada a través del Mecanismo «Conectar Europa» no siempre llegó allí donde era más necesaria; ni existían objetivos ni requisitos mínimos de infraestructura claros y coherentes.
- Además, la experiencia del usuario se complica por la coexistencia de diferentes sistemas de pago y de información. Por ejemplo, hay poca información coordinada sobre disponibilidad, datos de la recarga y detalles de facturación entre las diferentes redes, en tiempo real.
Recomendaciones
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas propone a la Comisión Europea que:
- Proponga requisitos mínimos de infraestructura de recarga eléctrica en toda la red RTE-T (red de transporte europea).
- Prepare una hoja de ruta estratégica e integrada de la UE en materia de electromovilidad.
- Elabore análisis sobre los déficits de infraestructuras y de financiación.
- Utilice dichos análisis y unos criterios más claros para reforzar su selección de proyectos.
- Incluya cláusulas en los acuerdos de subvención de proyectos para garantizar un acceso sostenible y equitativo a las infraestructuras cofinanciadas.
