Las medidas de apoyo al vehículo eléctrico

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La Junta de Andalucía publicó el pasado 10 de julio las nuevas tarifas de  Inspección Técnica de Vehículos, en las que modificaba las tasas en función de las emisiones contaminantes de los vehículos, del sector industrial y de los colectivos con menor poder adquisitivo. Los vehículos eléctricos, por tanto, se vieron beneficiados.

Ayer publicábamos las nuevas medidas del gobierno francés en relación con las tasas de las autopistas de peaje. Los vehículos menos contaminantes tendrán que pagar menos y para ello llevarán una pegatina que les identificará como más sostenibles.

Hay quien dice que las medidas legales coercitivas de las administraciones son las que pueden dar un impulso clave al vehículo eléctrico. Imaginen si al centro de nuestras grandes ciudades no se pudiera entrar con vehículos de combustión a no ser que se pagara una eco-tasa desorbitada. Estamos seguros de que amén de manifestaciones y protestas, uno de cada dos vehículos nuevos que saliera de los concesionarios sería eléctrico.

Pero esas medidas, si bien solucionarían los problemas medioambientales de un plumazo, serían contraproducentes a corto plazo tanto para la industria del automóvil como para los bolsillos de los consumidores.

En cambio, las medidas de promoción de la movilidad eléctrica mediante descuentos, subvenciones y desgravaciones fiscales, o valores añadidos como el aparcamiento gratuito o la entrada en zonas reservadas, está siendo un buen sistema para premiar al conductor e incrementar la circulación de los eléctricos en nuestras calles.

La medida de la Junta de Andalucía es acertada. La metodología no afecta al volumen de ingresos por tasas en la ITV ya que modula el precio en función del tipo de vehículo, al igual que la propuesta francesa para las autopistas de peaje. Así, La Junta consideraba conveniente revisar el actual esquema tarifario del servicio de ITV, aplicando determinadas reducciones que beneficiarían principalmente al sector industrial y a los colectivos con menor poder adquisitivo y mayor riesgo de exclusión social, al afectar a los tipos de vehículos de uso más habitual por parte de esos colectivos, así como a vehículos que contribuyen a la reducción de las emisiones contaminantes. Por ello son objeto de reducción las tarifas aplicables a los turismos de menos de 1.600 c.c. y a los adaptados para la conducción y el transporte de personas con movilidad reducida, a los vehículos eléctricos e híbridos, a los vehículos industriales de hasta 3.500 kg, a los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 c.c. y a los vehículos agrícolas, a los que además se les elimina la tarifa por desplazamiento en caso de hacerse la inspección mediante unidad móvil. Por el contrario, y para mantener el equilibrio financiero en la prestación pública del servicio, se aumentan las tarifas aplicables al resto de vehículos de hasta 3.500 kg, a los turismos a partir de 1.600 c.c. y a las motocicletas de más de 125 c.c.

Las medidas coercitivas o disuasorias no benefician a la implantación de la movilidad eléctrica, ya que la imposición de cualquier medida suele dar como resultado la desafección del ciudadano por la norma.Así pues, las nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico deben estar apoyadas en fundamentos racionales y sostenibles.

 OpinionapoyoCarlos

Por Carlos Sánchez

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